El expresidente Alberto Fernández amplió este viernes su declaración indagatoria ante el juez Sebastián Casanello, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en contrataciones de seguros durante su gestión.
Durante cerca de dos horas, respondió preguntas y buscó justificar las facturas que, durante una década, emitió a nombre del bróker Héctor «Hecky» Martínez Sosa, tal como figura en un informe elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Entre 2010 y 2019, Fernández facturó por supuestos servicios profesionales a Martínez Sosa, quien es la pareja de su histórica secretaria. La última factura fue emitida el 6 de diciembre de 2019, apenas cuatro días antes de asumir la presidencia.
Causa de los seguros: de qué acusa la Justicia a Alberto Fernández
El informe de la PROCELAC, que encabeza Diego Velasco, revela que hubo un vínculo comercial sostenido durante más de nueve años. En total, Fernández le facturó a la firma de Martínez Sosa por $4.257.000.
El año en que más cobró fue 2019, con un total de $1.422.000. El documento detalla que «Héctor Martínez Sosa SA le efectuó retenciones bajo los conceptos: Impuesto a las Ganancias por locación obra y/o servicios, e Impuesto a las Ganancias por el ejercicio como síndico, o director de S.A».
El exmandatario justificó las facturas afirmando que correspondían a «un informe de la coyuntura política y económica» que elaboraba para varios clientes, entre ellos, Martínez Sosa. También mencionó que ese trabajo fue encargado por otras empresas y hasta por dos sindicatos.
La primera vez que Fernández declaró en esta causa fue en noviembre de 2024, cuando el expediente aún estaba en manos del juez Julián Ercolini. En esa oportunidad, solo respondió preguntas de su defensora, Mariana Barbitta, y presentó un escrito en el que defendió la legalidad del Decreto 823, el cual eliminó el sistema de coaseguro y otorgó el monopolio a Nación Seguros.
Sobre el rol de los intermediarios que operaban en las pólizas estatales, Fernández aseguró entonces que «no genera una erogación del erario público» y agregó que «se limitaron las comisiones al 10 por ciento por una decisión interna de Nación Seguros».
Además, trató de desvincularse del sector de los brokers: «Si usted pregunta a cualquiera de seguros quién fue el mayor enemigo de Alberto Fernández como superintendente, le va a contestar los productores de seguros».
Alberto Fernández amplió su declaración indagatoria: qué dijo
Ocho meses después, con la causa más avanzada y ante la posibilidad de una definición sobre su situación procesal, el expresidente solicitó una ampliación de su indagatoria. El juez Casanello accedió y lo citó de manera inmediata.
Al salir de los tribunales, su abogada declaró que «explicó que no tiene ninguna relación con la imputación y que se trata de una imputación genérica. Además explicó que el decreto es legítimo, jamás menciona a brokers, ni a intermediarios».
Durante la declaración, Fernández también se refirió a su vínculo con Martínez Sosa. Negó haberlo beneficiado y pidió que se convoque como testigos a Vilma Ibarra, al ex canciller Juan Pablo Cafiero, al expresidente del Banco Central Miguel Pesce, y al ex ministro de Economía Martín Guzmán.
En paralelo, ayer se conoció un fallo clave: la Cámara Federal revocó la inhibición de bienes que pesaba sobre Alberto Fernández y otras 50 personas y firmas involucradas en la causa de los seguros. El tribunal además instó al juez Casanello a resolver la situación procesal de todos los imputados.
Esa decisión era muy esperada por varios empresarios implicados, ya que desde abril no podían vender ni disponer de sus bienes, ni acceder a sus cajas de seguridad debido a las medidas cautelares impuestas por el juez. Muchas defensas apelaron la medida y aguardaban una definición. Esa demora había alimentado rumores sobre procesamientos inminentes.
Además de Fernández, la inhibición alcanzaba al ex titular de Nación Seguros Alberto Pagliano, al propio Héctor Martínez Sosa, a su esposa María Cantero, y a firmas como Bachellier, San Ignacio, San Germán y TGG Broker, entre otras. En total, estaban afectados 51 personas y empresas.
En un fallo dividido, la Cámara sostuvo que no estaban dadas las condiciones para mantener las inhibiciones, ya que aún no se había resuelto la situación procesal. El camarista Martín Irurzun argumentó que «en las condiciones actuales la decisión adoptada carece de la debida fundamentación, atendiendo a la naturaleza y alcances de la medida que se adoptó y el momento en que fue dispuesta».
Por su parte, el juez Eduardo Farah subrayó que «tampoco han surgido ni se invocan –antes o ahora– circunstancias que indiquen desplazamientos u ocultaciones de bienes u otras cosas vinculadas al objeto del caso». Sin embargo, el camarista Roberto Boico votó en disidencia, y se manifestó a favor de mantener las medidas cautelares.
La causa cambió de juez a principios de febrero, cuando se venció la subrogancia de Ercolini al frente del juzgado federal 11. El cambio se produjo justo cuando el juez se preparaba para definir si procesaba o sobreseía a los imputados. A partir de entonces, Casanello decidió revisar toda la documentación, pedir más pruebas y avanzar con otras líneas de investigación.