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La Justicia de Brasil retira la tobillera electrónica a la abogada argentina Agostina Páez

Un tribunal de Río de Janeiro concedió un habeas corpus y levantó la medida cautelar, permitiéndole recuperar su pasaporte y regresar a la Argentina, bajo el pago de una fianza y la declaración de un domicilio.

La Justicia de Río de Janeiro ordenó este martes retirar la tobillera electrónica a Agostina Páez, la abogada argentina acusada de un hecho de racismo en Brasil. La medida se conoció un día después de que un tribunal le concediera un habeas corpus, resolución que también le permitió recuperar su pasaporte y quedar habilitada para regresar a la Argentina.

Según la decisión judicial, para que se concrete el levantamiento de las medidas cautelares, Páez (de 29 años) deberá cumplir con dos requisitos: pagar una caución equivalente a 60 salarios mínimos nacionales —cerca de 20.000 dólares— y declarar un domicilio actualizado en la Argentina. Las pretensiones iniciales de la justicia carioca para permitir que la letrada esperara la sentencia en su casa rondaban los 150.000 dólares, pero la Cámara concedió una reducción drástica.

Ese monto servirá como garantía para el pago de una eventual pena de multa y la reparación de daños a las víctimas, un requisito que contó con el visto bueno del Ministerio Público para destrabar el regreso de Páez.

El hecho por el que la abogada es juzgada ocurrió el 14 de enero, a la salida de un bar en Ipanema, cuando realizó gestos imitando a un mono dirigidos a los empleados del establecimiento. Páez permanece desde hace más de dos meses en Brasil. Tras la denuncia y hasta ahora, pesaba sobre ella una prohibición para salir del país y era monitoreada con tobillera electrónica.

En los últimos días, y tras un cambio en su defensa, la joven pidió disculpas públicamente: «He tenido una reacción equivocada dejándome llevar por el enojo y estoy pagando las consecuencias de eso», expresó. Durante la primera audiencia, la fiscalía brasileña redujo el pedido de condena de tres delitos a uno, con una pena mínima que podría compensarse con servicios comunitarios y el pago de resarcimiento a la víctima, según explicó Carla Junqueira, abogada de la acusada, a la salida de la audiencia la semana pasada.

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