No es millonario. No refaccionó su casa. No tomó decisiones. No tuvo nada que ver. En líneas generales, esos fueron los argumentos de la defensa de Diego Spagnuolo para apelar el procesamiento dictado por el juez Sebastián Casanello con el objetivo de que la Cámara Federal porteña revierta ese fallo que lo señala como jefe de una asociación ilícita, además de acusarlo por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, administración fraudulenta y cohecho pasivo. Los demás imputados en el llamado caso ANDIS también presentaron los recursos de apelación.
“¿Si era el “jefe” de una asociación ilícita ¿qué sentido tiene que los mismos miembros de esa empresa criminal le paguen sobornos, si justamente todos los miembros se veían beneficiados del rédito económico que la asociación ilícita obtenía de su accionar?”, plantea de forma retórica Pablo Parera, abogado del ex directivo del gobierno libertario en el organismo de asistencia a los discapacitados.
Entre los argumentos centrales de la apelación de 28 páginas, a la que accedió Clarín, la defensa busca desarmar el cuadro acusatorio que formuló el fiscal federal Franco Picardi, y que posteriormente confirmó el juez Casanello cuando firmó el procesamiento de Spagnuolo y de 18 imputados más, entre ellos Miguel Ángel y Ornella Calvete.
El juez además embargó a Spagnuolo por 202.828.725.464 pesos. La cifra guarda relación con el perjuicio supuestamente ocasionado a través del direccionamiento de las compras de medicamentos, el beneficio a favor de unas pocas empresas y los sobreprecios en esas operaciones. La maniobra sobre 21 licitaciones amañadas habría representado un daño al Estado de 30.337.220.919,77 pesos.
La reconstrucción de los hechos le permitió a la justicia comprobar que la base de prestadores se armaba de manera absolutamente arbitraria, se ocultaban los criterios de invitación a compulsar precios o elegir ofertas, se ocultaba el inicio, avance y finalización de los procesos y se omitía dejar registro sobre los antecedentes de los proveedores para evitar comparaciones y escrutinios.
El resultado de ese circuito se tradujo en la “obtención indebida de millonarias sumas de dinero. Se implementó un sistema de compulsas de precios “especial” -paralelo al general- al que sólo eran invitadas a participar este grupo reducido de firmas, en el que se distribuían de antemano las asignaciones, simulando una competencia que no era tal (con oferentes ‘pantalla’) y elevando sustancialmente los precios”.
Casanello consideró que la maniobra se completó con pagos indebidos a determinados funcionarios públicos de ANDIS, como contraprestación a que se digitaran las contrataciones y se garantizaran agilidad y prioridad en el cobro”.
De esta forma se logró el direccionamiento y la cartelización, obteniendo en dicho marco 21 licitaciones “acotadas”, en las que se confeccionaron órdenes de compra por un total de 30.337.220.919,77 pesos en el período investigado, principalmente hacia las droguerías Profarma y Génesis.
Esas dos droguerías resultaron adjudicatarias del 93,11% de este tipo de procesos, con compras por 28.247.022.880 pesos entre julio de 2024 y agosto de 2025.
Cuestionamiento a los audios filtrados
Frente a los delitos atribuidos, Spagnuolo volvió a ensayar una estrategia ya utilizada y que resultó infructuosa: apuntó que la causa inició con escuchas que se habrían obtenido de forma ilegal, considerando que ese hecho debe anular toda la pesquisa. Pero los audios que en agosto del año pasado tomaron estado público no están consignados como parte de la prueba.
Es decir: la publicación por medios de comunicación de esa conversación en la que una voz atribuida al ex funcionario se refiere a un circuito de sobornos que llegaría hasta la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, constituyeron el grado de sospecha suficiente para impulsar la acción penal. Sin embargo, el fiscal Picardi no se basó en las escuchas para sostener sus acusaciones.
Pese a ello, Spagnuolo insiste en su tesis: entiende que es una “prueba ilícita”, y recordó que la Cámara Federal ordenó que se determine el origen y veracidad de esos audios: “nada de ello fue cumplido”, se quejó la defensa del extitular de la ANDIS.
“En lo que respecta a mi representado, se mencionan 5 millones de pesos que surge de una conversación ajena a él y, de la cual, no hay una sola constancia que haya acreditado la recepción de aquel dinero; supuestas refacciones en su domicilio por una suma de 20.000 dólares de la cual no consta el egreso e ingreso del dinero; suma que coincide con lo señalado en su declaración jurada previo al ingreso en la función publica”, se justificó la defensa.
Dio más detalles: a Spagnuolo se la atribuye “la adquisición de un auto valuado en 37.128.000 pesos; abonado previo al ingreso en la función pública; dinero alojado en su caja de seguridad ubicada en el BBVA que resulta ajeno a al objeto de investigación por la desconexión temporal constatada en autos”.
En otros términos, Diego Spagnuolo expresa no tener ingresos millonarios ni un estilo de vida que se asemeje a ese concepto.
La mochila y la relación con Calvete
En otro tramo de la apelación, el abogado defensor explica que el único ingreso del exfuncionario libertario, con una mochila al hombro, al domicilio ubicado en calle Defensa propiedad de Miguel Ángel Calvete, al que «se le otorgó un tinte incriminatorio sin constancias que la sustenten; siendo inadmisible en términos probatorios alegar que una asistencia a un domicilio o portar un bolso son motivos para sospechar que una persona es miembro de una asociación ilícita y que en esa oportunidad recibió dinero en concepto de dádivas”.
Lo que tuvo en cuenta la fiscalía y el juzgado fue una serie de comunicaciones donde Spagnuolo estaba pidiendo dinero en efectivo para un viaje al exterior. No el hecho de ingresar con una mochila, sino que ese ingreso coincide con el intercambio de mensajes y el movimiento de dólares.
En cuanto a su relación con Calvete, también procesado, en el escrito presentado consta que Spagnuolo “tuvo una relación afectuosa con el señor Calvete y por ello mantuvo algunos encuentros; como por ejemplo el de la calle Defensa donde mi asistido visualizó unos muebles de su agrado, que estimó idóneos para adquirir en función de las refacciones que se encontraba realizando en su domicilio”.
Por ello -se justificó el ex funcionario-, “solicitó al señor Calvete información para comprar unos idénticos; en consecuencia el mencionado, a modo de simplificarle la operación, le ofreció abonárselos anticipadamente para que luego, una vez que mi asistido cobre su sueldo de funcionario público, le reintegre la suma en cuestión”.
El juez concluyó que todos los indagados integraron una asociación ilícita –según el rol atribuido en cada uno- que desplegó sus actividades delictivas, al menos, desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025, y que estuvo destinada a cometer ilícitos contra la administración pública dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad, y obtener ganancias indebidas en desmedro del erario público a través de maniobras fraudulentas ejecutadas en el marco de contrataciones direccionadas y con sobreprecios, lo que incluyó «la promesa y entrega de dádivas a funcionarios públicos”.