Durante la noche de este jueves 4, la última noche antes de la veda electoral que arrancó este viernes a las 8 de la mañana, cuatro integrantes del PTS/FIT-U llevaban carteles y engrudo en un carrito de supermercado, en las inmediaciones de la plaza Brown.
Primero un patrullero los interceptó y los agentes les quitaron los documentos (algo que no es reglamentario, uno debe mostrar el documento pero no entregárselo a los agentes). Luego se fueron sumando patrulleros hasta llegar a un total de 6 patrulleros rodeando a 4 jóvenes que estaban a pie, y los comenzaron a revisar, inmovilizando con las manos sobre el vehículo policial a Lucas Cuenca, Secretario de DDHH del Centro de Estudiantes de Humanidades de la UNS. Nunca explicaron qué motivaba el operativo. Luego preguntaron si tenían armas o drogas… algo absurdo considerando la situación.
Como Estefanía Grosso, docente delegada de Suteba, estaba filmando el hostigamiento con su celular, una de las mujeres policía la golpeó en la mano, haciendo que el celular volara por el aire, un acto de violencia física que es totalmente ilegal. También se encontraba allí Clara Aldea, consejera departamental de Humanidades de la UNS.
Además del despliegue de 6 patrulleros, llegaron a empuñar armas largas delante de los jóvenes en una clarísima actitud amenazadora. No se puede permitir este antecedente durante una campaña electoral.
Las autoridades políticas locales, provinciales y nacionales se llenan la boca hablando de seguridad, de nuevas fuerzas que se suman a las existentes, de centros de monitoreo, pero todo eso siempre termina golpeando sobre los jóvenes, sobre las familias que luchan por vivienda, por sus condiciones de vida. Lo hemos visto en la región con el caso de la desaparición y asesinato de Facundo Castro, el encubrimiento del caso de Ángel Almada, hace años con las represiones a los pescadores de White y luego a las familias de Villa Delfina y recientemente el desalojo del barrio Sembrando Sueños.
Mientras el gobierno ultraderechista nacional de Milei hace un elogio permanente de la represión, y la desata sobre jubilados y personas con discapacidad, referentes supuestamente opositores también fortalecen la represión. Permanentemente vemos campañas de criminalización en Bahía como si las detenciones de jóvenes con un porro fueran grandes golpes al narcotráfico.
Exigimos al intendente Federico Susbielles que se respeten y se cumplan las libertades democráticas de poder hacer campaña política. Que la juventud tenga el derecho de organizarse y no sufrir el acoso de la policía