Durante este año se produjeron 96 muertes de pacientes intervenidos con fentanilo contaminado proveniente del Laboratorio HLB Pharma. Hace pocos días, la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta global sobre este producto farmacológico, utilizado fundamentalmente como anestésico en cirugías médicas, y recomendó “extremar la precaución”, dado que “no puede descartarse que estos productos estén circulando en otros mercados”.
Durante el proceso de producción de esa sustancia, en la planta del Laboratorio Ramallo, se contaminó el producto con microorganismos, lo que desembocó en la defunción de una serie de pacientes. Hasta allí el hecho trágico, que muestra una gran negligencia por parte del laboratorio y seguramente la falta de controles públicos y privados que terminaron con esta tragedia, cuyas dimensiones todavía no se pueden verificar en su totalidad.
Sin embargo, aparece una segunda dimensión de la tragedia, que puede ser aún más grave. El fentanilo consumido de manera individual e ilegal, en su mayoría por adictos que recibieron prescripciones médicas de esta sustancia, está generando una verdadera pandemia de muertes en los países desarrollados de todas las edades y orígenes sociales. Hoy se producen en los Estados Unidos más muertes al año por sobredosis y consumo de fentanilo (alrededor de 70.000 muertes) que por accidentes automovilísticos. Tal es el impacto social que genera este medicamento consumido como estupefaciente que el gobierno norteamericano lo ha puesto como principal objetivo en el combate a las drogas. El foco está puesto en los principales productores de fentanilo en el mundo, que son China, la India y, más recientemente, México. A medida que aumenta la presión sobre los países productores y los desvíos de dicha sustancia, las bandas del crimen organizado buscan nuevos lugares de producción de esta droga de laboratorio para poder enviarla a los mercados de consumo ilegalmente, evitando los controles.
Hace ya varias semanas, por orden del juez federal Ernesto Kreplak, se instruyó al Ministerio de Seguridad de la Nación que investigue las razones de esa contaminación y si existían desvíos en el uso de esa sustancia. Si bien los resultados de la investigación aún no son públicos, es un hecho que el dueño de HLB Pharma, Ariel García Furfaro, fue detenido recientemente, acusado por la fiscalía de desvío de la cantidad y calidad del fentanilo. Este empresario recientemente había instalado un nuevo laboratorio de producción de fentanilo en la zona de la Triple Frontera, área caliente del crimen organizado con históricos nexos con el lavado de dinero del narcoterrorismo. Si se comprobara que el fentanilo no solo se contaminó, sino que además no hay control de las partidas producidas, podríamos estar frente al accionar del narcotráfico.
Si se comprueba que el fentanilo no solo se contaminó, sino que no hay control de las partidas producidas, podríamos estar frente al accionar del narcotráfico
García Furfaro posee fuertes vínculos con el kirchnerismo, como lo demuestran su publicitada reunión con Cristina Kirchner en el Instituto Patria en 2024 y su declarada admiración por la expresidenta. Ha hecho también una defensa pública de los narcos presos Esteban Alvarado y Mario Segovia, conocido como “el rey de la efedrina”. Pero más allá de sus afinidades políticas y sus declaraciones poco felices, su cercanía al gobierno kirchnerista queda de manifiesto por el uso irregular del Sistema de Importación de la República Argentina (SIRA), mecanismo establecido por el entonces ministro de Economía Sergio Massa. Recientemente, García Furfaro fue procesado por el juez en lo penal económico Pablo Yadarola por contrabando agravado, frente a la presunta importación de maquinaria china por 500.000 dólares que habría sido facturada por más de seis millones, y el cobro del diferencial de cambio que permitía ese procedimiento durante el gobierno de Alberto Fernández. No es la primera vez que temas de drogas, corrupción y narcotráfico se mezclan con altas autoridades de gobiernos kirchneristas.
Durante la primera década de este siglo, en el gobierno de Cristina Kirchner, pasó algo similar con la importación de efedrina y de pseudoefedrina. Si bien la efedrina es una sustancia base para la producción de medicamentos como antihistamínicos, también lo es para la producción de éxtasis y de otras metanfetaminas y drogas ilegales. A principios de siglo, esas sustancias ganaban espacio en todos los mercados de mayor consumo de estupefacientes, incluida la Argentina, y eran el foco de las agencias contra el narcotráfico de los Estados Unidos y en la Unión Europea. Los principales productores de esas sustancias químicas eran laboratorios de la India y China, una vez más. Producto de la presión de los organismos antidrogas, México prohibió la importación de esa sustancia y, por ello, los carteles mexicanos intentaron diversificar la producción hacia la Argentina y Brasil.
Como resultado de esta restricción, la producción y el tráfico de efedrina en la Argentina se multiplicaron en forma exponencial: pasamos de importar entre 200 y 300 kilos anuales a 20.000 kilos en un lustro y bajó nuevamente a 200 kilos cuando nuevamente se impusieron controles. Lo más grave fue que se produjeron varios episodios criminales graves en pocos meses, que dejaron la marca narco impregnada en la sociedad. El hecho más notorio fue el triple crimen de General Rodríguez, donde, en agosto de 2008, aparecieron los cadáveres de los empresarios Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, tras haber sido secuestrados en Quilmes y asesinados por los hermanos Martín y Cristian Lanatta, y Víctor Schillaci. Tanto estos empresarios eliminados como el autor intelectual del crimen, Esteban Pérez Corradi, eran aportantes asiduos a las campañas del kirchnerismo. El hecho adquirió mayor trascendencia cuando, en un programa televisivo, los asesinos admitieron que tenían una fuerte relación con el entonces ministro Aníbal Fernández y lo involucraron en este proceso mafioso. Estos criminales tomaron más notoriedad a fines de 2015 por una fuga y persecución por las provincias de Buenos Aires y de Santa Fe, al comienzo del gobierno de Mauricio Macri, que terminó con una cinematográfica detención.
Pero ese no fue el único evento impactante producto de la presencia del tráfico de efedrina en la Argentina. En julio de 2008, se registró el múltiple asesinato de Unicenter, donde sicarios mataron en el estacionamiento, a plena luz del día, a dos reconocidos narcotraficantes colombianos que estaban en el país para la instalación de laboratorios y elaboración de aquella sustancia. Tan solo unos meses antes se había producido un tercer evento notable, cuando un laboratorio situado en Ingeniero Maschwitz estalló mientras se elaboraban de manera ilegal metanfetaminas. Los detenidos, Luis Marcelo Tarzia y el narco mexicano Jesús Martínez Espinoza, tenían fuertes vínculos con Pérez Corradi y Forza. La investigación sobre estos productores de drogas de diseño que habían logrado instalar un laboratorio en pleno conurbano bonaerense marcó el paraguas político protector de estas actividades y apuntó a varios mexicanos y argentinos relacionados con el Cartel del Golfo.
Debemos prestar especial atención al fenómeno del fentanilo en la Argentina. Ya en febrero de 2022 murieron 33 personas consumidoras de cocaína que estaba contaminada con un derivado del fentanilo utilizado como anestésico de animales. Si esta sustancia ingresa en los mercados de drogas ilegales comunes de nuestro país, va a dejar su efecto devastador, ya que se consume en microgramos y es muy simple que provoque una sobredosis. Este vínculo de laboratorios, políticos, corrupción y desvío de sustancias debe ser investigado en profundidad para hacer justicia por los casi 100 inocentes fallecidos por la sustancia contaminada, pero aún más para asegurarse de que no haya fentanilo circulando entre nuestros jóvenes para hipotecarles su futuro, destruyendo sus vidas y arruinando sus entornos.