Con el decreto 564/2025, el Gobierno avanza en la reprivatización de cuatro centrales hidroeléctricas estratégicas en Neuquén y Río Negro. Una nueva entrega de recursos públicos al capital privado, mientras las provincias y el pueblo pierden soberanía energética.
Un negocio para pocos
En una nueva avanzada privatizadora, el Gobierno de Javier Milei oficializó la venta de las represas Alicurá, El Chocón–Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, claves para el abastecimiento eléctrico y el control de caudales en la Patagonia.
El Decreto 564/2025, publicado en el Boletín Oficial, habilita un concurso público nacional e internacional para transferir las acciones de las sociedades que hoy administran las represas. Con esto, el Ejecutivo renuncia a recuperar para el Estado un recurso estratégico que produce el 7% de la electricidad del país y fue construido íntegramente con fondos públicos.
Las actuales concesionarias —AES Argentina, ENEL, Orazul Energy y Central Puerto— podrán seguir operando hasta fin de año o hasta que se concrete la venta, siempre que paguen regalías y cumplan con requisitos mínimos. En los hechos, las mismas empresas que lucraron durante tres décadas podrán seguir explotando el recurso o transferirlo a nuevos grupos privados. La privatización solo busca garantizar ganancias empresarias, a costa de aumentos tarifarios y pérdida de control soberano.
Historia de una entrega
Las represas fueron privatizadas en los años ‘90 bajo el menemismo, en pleno auge de las políticas neoliberales. Tras varias prórrogas, los contratos vencían este año, lo que abría la posibilidad de que el Estado recuperara el manejo directo. Sin embargo, el gobierno libertario optó por reprivatizar, profundizando la lógica de saqueo y ajuste que caracteriza su plan económico.
La privatización del Comahue no es un hecho aislado: forma parte de un paquete más amplio de venta de empresas públicas y recursos estratégicos. Mientras se recorta en salud, educación y salarios, Milei transfiere a precio de remate el patrimonio energético del país.
La defensa de las represas y del control público de la energía es una causa clave para garantizar soberanía y evitar que las multinacionales y grupos amigos del poder definan el acceso y el precio de un recurso vital.