Proyecto de Javier Milei para que legisladores se sancionen a sí mismos: constitucionalistas dicen que es «para la tribuna»

La principal bandera de Javier Milei desde que asumió como Presidente es haber alcanzado el equilibrio fiscal. Sin importar a qué costo. Este fue el argumento por el cual vetó leyes sensibles que van desde la Emergencia en Discapacidad hasta el aumento de las jubilaciones (que quedaron rezagadas por la inflación). El mismo argumento utilizará para vetar la Emergencia en Pediatría o la Ley de Financiamiento Universitario. Ambos textos, impulsados por la oposición, buscan mejorar –entre otros ítems—los ingresos de los trabajadores de esas áreas. Casualmente, en la misma cadena nacional, el mandatario les dio la razón a los diputados que avanzaron con esos proyectos. Esto fue cuando afirmó que, desde abril del año pasado, “los salarios privados le vienen ganando sistemáticamente a la inflación”. Excluir a los empleados públicos, como los del Garrahan o los docentes universitarios, fue una manera de ratificar que sus ajustes salariales estuvieron por debajo del IPC.

Como fuere, a sabiendas de que la oposición seguirá haciendo uso del Congreso para señalar a Milei como el impulsor de “políticas de la crueldad” en el marco de la campaña nacional, Milei anunció que en los próximos días enviará un proyecto de ley para, precisamente, frenar iniciativas que atenten contra el equilibrio fiscal.

A grandes rasgos, según anticipó el libertario, el texto establecerá que todo gasto que apruebe el Congreso deberá aclarar de dónde salen los fondos para su financiamiento. Asimismo, según especificó Milei, los legisladores tienen que garantizar que “todo nuevo gasto deberá implicar un recorte en igual proporción”. De lo contrario, advirtió el mandatario, para financiar las leyes sancionadas, el Estado deberá “incurrir en emisión o suba de impuestos”.

El anuncio de Milei: un “delirio inconstitucional”

El anuncio llamó la atención. Pero no solo porque cuesta imaginar que los legisladores nacionales sancionen una ley que, el día de mañana, les podría jugar en contra. Sino que, como señaló el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, es “un delirio inconstitucional”. Los motivos que Gil Domínguez dio, en diálogo con este medio, para hacer esa afirmación son varios.

Para empezar, recordó que hay una premisa básica del funcionamiento del Congreso, establecida en el artículo 68 de la Constitución Nacional, en la que se establece: “Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador”. Una forma de expresarse, subrayó Gil Domínguez, es votando. Es decir, la ley de Milei violaría el artículo 68.

Al mismo tiempo, la iniciativa del mandatario va contra el funcionamiento autónomo y la función legislativa que tiene el Congreso. Y recordó que el “horizonte” que tienen los diputados y senadores a la hora de aprobar un presupuesto enviado desde el Poder Ejecutivo no son otros que concretar el orden socioeconómico previsto por la Constitución, y los Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional. En otras palabras, que el Presupuesto Nacional es más que un instrumento financiero o contable. “Hay un modelo que seguir”, insistió Gil Domínguez.

Lo llamativo es que Milei anunció el envío de este proyecto pese a que, desde que es Presidente, reconduce el último presupuesto sancionado durante la era Alberto Fernández. Cuando asumió, en diciembre de 2023, no presentó ningún proyecto de ley. Y, al año siguiente, al filo de la reunión de comisión de Presupuesto, en la que los diputados se aprestaban a dictaminar el texto, José Luis Espert, presidente de ese cuerpo de trabajo, anunció la cancelación del encuentro.

En palabras de Gil Domínguez, desde que Milei gobierna, “maneja los recursos económicos y financieros de forma autocrática”. Es que el Ejecutivo sigue recaudando impuestos y el mandatario los distribuye sin ninguna pauta aprobada por el Congreso. Este es, precisamente y, de acuerdo a la Constitución Nacional, el encargado de fijar, anualmente, “el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión”.

El abogado constitucionalista Diego Armesto también alertó sobre el anuncio de Milei. “Afecta la división de poderes. No puede existir que un poder limite a otro poder”, planteó. Y añadió: “Las facultades de cada uno de los poderes o de las ramas de gobiernos están resueltas en el texto fundamental. Entonces, no podría existir una limitación”.

Al mismo tiempo, Armesto –en consonancia con Gil Domínguez—subrayó es el mismo Poder Ejecutivo el que viola la Ley de Administración Financiera (Ley 24.156). Porque desde hace dos años que la Argentina no tiene presupuesto. “Si no se tiene presupuesto, no hay forma de controlar y debatir las políticas públicas que mejoren la vida de los argentinos. Este es un problema grave que tiene que ser resuelto por el Poder Ejecutivo y no por el Poder Legislativo”, remató.

Un proyecto “para la tribuna”

“El proyecto de Milei es bombear para la tribuna”, aseveró el constitucionalista Félix Lonigro en diálogo con Ámbito.

Para el abogado, el proyecto no sería inconstitucional porque “no se está metiendo con otro poder”. Y agregó: “Si él envía un proyecto al Congreso, el que sancionaría ese proyecto es el Congreso”. Más bien, aclaró que se crearía una nueva figura penal.

Dicho esto, Lonigro remarcó. “Lo raro es que Milei pretenda que los mismos legisladores que aprueban el presupuesto cada año, a través de una ley, se penalicen si aprueban un presupuesto deficitario». Es decir, le resulta «ridículo» pensar que los legisladores nacionales avanzarían con una iniciativa que, más temprano que tarde, se les podría volver en contra.

¿Qué puede pasar si la ley de Milei prospera?

Cuesta imaginar que Javier Milei reúna los votos para la sanción del proyecto que, desde su anuncio, generó fuerte rechazo en prácticamente todo el arco político. Salvo en las filas libertarias, está claro. Por caso, la diputada Juliana Santillán salió a «bancar» el discurso del mandatario en sus redes sociales y en los medios de comunicación.

Una vez sancionado, cualquier diputado o senador podría ir a la Justicia a plantear su inconstitucionalidad, porque, sintetizó Gil Domínguez, la ley “tiene afectación directa en el ejercicio de su cargo”.