POLÍTICA
El nefasto Axel Kicillof le costó un ejército entero súper equipado a todos los argentinos.
El fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska contra el Estado argentino por la expropiación irregular de YPF en 2012 volvió a poner sobre la mesa el costo descomunal que el populismo kirchnerista sigue generando para todos los argentinos. La suma de USD 16.000 millones representa mucho más que una deuda judicial: es el resultado directo de una decisión política irresponsable, ejecutada sin criterio técnico, jurídico ni institucional por el entonces ministro de Economía Axel Kicillof, hoy gobernador de la Provincia de Buenos Aires.
La decisión judicial ordena al país entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford Capital y Bainbridge, quienes compraron la quiebra del Grupo Petersen, aquel holding de los Eskenazi —íntimos del kirchnerismo— que fue favorecido en su ingreso a YPF con un modelo de “socialismo de amigos” sin precedentes.
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Pero ¿qué podría haber hecho Argentina con esos 16.000 millones si no se hubiesen despilfarrado por una expropiación mal hecha? El equivalente a:
5.330 vehículos de combate Stryker
20 submarinos Scorpène
5.330.000 fusiles con accesorios
35 aviones Boeing E-3 Sentry
60 cazas F-16 Block 70
246 aviones militares KC-135R
23 fragatas multipropósito
266 buques anfibios LPD
46 bases navales integradas
89.000 camiones militares Unimog 4000
Un combo estratégico de defensa:
600 vehículos Stryker
3 submarinos Scorpène
100.000 fusiles
74 tanques TAM
3 aviones Boeing E-3
12 cazas F-16
7 aviones KC-135R
5 fragatas
2 buques LPD
1 base militar integrada
3.000 camiones Unimog
1 base Petrel
1 batería de misiles
17 helicópteros Black Hawk
Todo eso fue hipotecado por una operación diseñada entre despachos oficiales y negociados familiares.
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Axel Kicillof: “No soy especialista en esto.”
Axel Kicillof fue el autor intelectual y político de la expropiación de YPF, decisión que defendió públicamente en una insólita conferencia de prensa tras conocerse el fallo. En tono altisonante, calificó el dictamen de Preska como “una agresión a la soberanía” y un “disparate jurídico”, pero se sinceró con una frase alarmante: “No soy especialista en esto, pero la facultad de expropiar está por encima del estatuto de una empresa”.
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La historia de este desastre financiero se remonta a 2008, cuando el Grupo Petersen —sin experiencia en el sector energético y sin poner un solo dólar— adquirió el 14,9% de las acciones de YPF gracias al aval político de Néstor Kirchner y financiamiento de la propia Repsol. En 2011, sumaron un 10% adicional, y todo con préstamos externos garantizados por los dividendos de la propia compañía.
Cuando Cristina Kirchner decidió estatizar YPF en 2012, lo hizo sin respetar los pasos legales establecidos por el estatuto de la empresa. Esto abrió la puerta a demandas internacionales millonarias. Burford Capital compró la quiebra de Petersen y hoy litiga con éxito contra el Estado argentino.
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